With all of Washington’s Latin America attention focused on CAFTA in the early summer of 2005, Condoleezza Rice announced to the Organization of American States during their June 5-7 meetings that plans are underway to develop an International Law Enforcement Academy (ILEA) in El Salvador.

The Salvadoran Ombudsperson for Human Rights, Dr. Beatrice de Carrillo, and the Popular Social Block (BPS), a group led by a Lutheran pastor in El Salvador, are at the head of protests against the launching of the controversial U.S. facility as well as the overall expansion of U.S. influence in the country.

Establishing the ILEA in Latin America has been a crucial, longstanding State Department strategy for consolidating Washington’s influence in the western hemisphere. The ILEA in El Salvador would realize a strategy whereby the U.S. would have a variety of training instructors in Latin America, additionally featuring the Pentagon’s Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC). The facility shed its former title of School of the Americas (SOA) in 2001, in a cosmetic public relations tactic aimed at separating it from an unsavory past.

Unlikely enough, unless the progressive notion gains ascendancy in the current negotiations for the ILEA Latin America and guarantees the inclusion of a specific clause banning the involvement of military personnel, ARENA’s compromising agreement to host the civilian police training school in El Salvador could ultimately lead to a broadening of the school’s already 360 degree scope and have it become a new U.S. military influenced outlet. This grave possibility will become increasingly urgent as the freshly baptized military training school WHINSEC continues to decline in influence.

Update: October 28, 2005. The word from the U.S. State Department is that ILEA has been signed by both countries but has not yet been ratified by the Salvadoran Legislative Assembly. LASC organizers received word that the text of the law has been released to deputies in the Asemblea in El Salvador. We hope to have a copy of it soon.

General ILEA information

ILEAs have been established, usually without great controversy, in regions where the history of U.S. intervention has been marked by a much lower profile.

There are currently four International Law Enforcement Academies (ILEA’s). They are located in:

The ILEAs are all under the jurisdiction of the State Department, in the International Narcotics and Law Enforcement program (INL). They are not only for police training; there are also judicial officials (DA’s, judges, et al) trained there.

An ILEA in Latin America

In 1999, the U.S. attempted to establish “ILEA South” in Panamá. Panamá opposed it.

In the beginning of 2001, an agreement was signed between the Costa Rican government, the State Department and the US administration, but it had to be ratified by the Costa Rican Congress.

Popular movements in Costa Rica started organizing immediately. They pressured Congressional representatives to get amendments passed about the operations of the proposed ILEA, including an amendment that stated that no military training would be permitted to take place in the institution. The Costa Rican Congress finalized these agreements in 2002, and they communicated them to the U.S. in the fall of 2003.

In January of 2004 the US administration communicated to Costa Rica that they would not accept any of the amendments. On April 30, 2004, the U.S. officially pulled out of the deal.

Grassroots responses from El Salvador

In early June, there were already protests planned in El Salvador around the attempt to extradite Posada Carrilles and against CAFTA. After Condoleezza’s Rice’s speech, protest organizers added opposition to the ILEA to the mix.

The FMLN called for a meeting with the U.S. Embassy immediately to see what this announcement meant; after the meeting they came out publicly against the ILEA. The Popular Social Bloc (BPS) has been organizing against ILEA as well, denouncing the proposed school as another form of U.S. intervention.

In July, a coalition of Salvadoran activists and organizations rallied outside the national assembly and officially proposed that Congress overturn the law that allows the ILEA to be there. The coalition wrote a letter to the Salvadoran Assembly stating their objections to the establishment of the ILEA (see letter, in Spanish, below).

Sources and Resources for more information:

"Too Close for Comfort: El Salvador Ratchets up its US Ties." Council on Hemispheric Affairs. Press release, July 5, 2005.

"Inicia capacitación de ILEA El Salvador." By Beatriz Castillo, Diario CoLatino. July 25, 2005.

"Academia regional formará a 1,500 policías al año." El Diario De Hoy. 7 June 2005.

-- Send suggestions for changes or additions to Christy Pardew
at cpardew@soaw.org. August 2005.

El día 5 de junio de 2005, en el marco de la XXXV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Condoleezza Rice, anunció de manera sorpresiva, la futura instalación de una Academia internacional para la aplicación de la ley (International Law Enforcement Academy, ILEA) en El Salvador, la cual realizaría tareas de formación de fuerzas de seguridad y operadores judiciales de América Latina.

Las organizaciones y personas abajo firmantes creemos necesario plantear nuestras preocupaciones sobre esta iniciativa y sus implicaciones para El Salvador y otros países, las cuales presentamos para consideración y conocimiento de las autoridades vinculadas a la firma y aprobación del convenio bilateral que daría vida a este proyecto:

Una negociación de espaldas a la sociedad. La secretividad con que se dio el proceso de selección de El Salvador como sede para el establecimiento de la ILEA no es coherente con la dimensión de la propuesta. Resulta contradictorio que una iniciativa de tal magnitud, que implica convertir a El Salvador en la base de una Academia de seguridad de alcance regional, haya sido manejada de espaldas a la sociedad. Tampoco es comprensible el hermetismo y falta de información pública sobre las condiciones y términos del convenio entre los países involucrados.

Antecedentes negativos en materia de derechos humanos. El gobierno de los Estados Unidos lidera una agenda de seguridad global que da prioridad a sus intereses y que, en materia de lucha contra el terrorismo, ha sido seriamente cuestionada por sus implicaciones en la devaluación y afectación de los derechos humanos, el derecho internacional y el derecho humanitario, en casos como los de las cárceles de Guantánamo y Abu Girab. Estados Unidos no ha ratificado múltiples instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y se ha opuesto a la existencia de una Corte Penal Internacional, por el contrario, ha firmado convenios bilaterales con diferentes países –entre ellos, El Salvador-, para excluirse de los alcances de dicho tribunal.

Por su parte, el gobierno de El Salvador, tiene en sus antecedentes una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo cumplimiento ha dilatado en ejecutar, así como recomendaciones pendientes de cumplir de diferentes organismos de los sistemas universal y regional de derechos humanos. Las políticas de seguridad pública y muchas acciones de funcionarios de la PNC han tenido serios cuestionamientos en materia de derechos humanos que van desde la práctica sistemática de detenciones arbitrarias, hasta señalamientos de tortura.

Rechazo previo de la ILEA en Costa Rica. La ILEA fue objeto de rechazo popular cuando se intentó instalar en Costa Rica; la Asamblea Legislativa de ese país solicitó que el convenio bilateral incluyera garantías de no-participación de militares en la Academia, así como estándares en materia de derechos humanos y participación del país anfitrión con protagonismo en la gestión de la ILEA. Estas condiciones mínimas no fueron aceptadas y el proyecto fue abortado por el gobierno de los Estados Unidos en 2003.

Peligroso retorno del militarismo. La ILEA se instalaría en El Salvador cuando las tendencias actuales del proceso de integración centroamericana, en conjugación con una visión distorsionada de la doctrina de la seguridad hemisférica, está conduciendo a nuestros países a una neomilitarización y a la generación de nuevos enemigos internos, ahora denominados nuevas amenazas, lo que funciona como estigma de diferentes manifestaciones de conflictividad social que van desde las pandillas juveniles, pasando por la criminalización de la protesta social, y por esta vía, se pretenden dar falsas justificaciones para la participación de los ejércitos en tareas de seguridad interior. La creación de una fuerza centroamericana de respuesta rápida militar-policial al terrorismo es un ejemplo de estas distorsiones.

La ILEA podría fortalecer este esquema distorsionante que es contrario al espíritu de los Acuerdos de Paz, de la Constitución y del Tratado marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, que separa las funciones de seguridad interna a cargo de las policías -bajo el mando de autoridades civiles-, de las tareas de defensa nacional, a cargo de los ejércitos.

Connivencia de la agenda económica con la agenda de seguridad. La iniciativa de instalación de la ILEA se enmarca en un proyecto de expansión económica como el Plan Puebla-Panamá, y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica, para el cual, la unificación de una estrategia de seguridad es un presupuesto de su viabilidad. Es decir, la ILEA respondería a intereses diferentes a las necesidades de las mayorías de El Salvador y de los países latinoamericanos.

Incremento de riesgos para la seguridad del país. La ILEA es una iniciativa impulsada por Estados Unidos, un país en conflicto internacional por iniciar acciones bélicas en contra de Irak al margen del derecho internacional. El gobierno del El Salvador, a través del ejército colabora en tareas de ocupación en ese conflicto, por lo que nuestro país ha sido objeto de supuestas amenazas terroristas por esta complicidad, como lo fueron en su momento España e Inglaterra. Esta academia podría ser un objetivo para ataques terroristas, poniendo en peligro a la población salvadoreña.

Por las razones anteriores, expresamos:

Nuestro más enérgico rechazo a este proceso inconsulto de establecimiento de la Academia internacional para la aplicación de la ley en El Salvador. Una decisión delicada que compromete el territorio y la institucionalidad salvadoreña no puede ser manejada de espaldas a la ciudadanía. Los antecedentes expuestos, particularmente los relativos en materia de derechos humanos, nos indican que no existen garantías sobre los contenidos y metodologías que serían impartidas en la mencionada Academia, ni sobre los estándares profesionales y éticos de los participantes, en consecuencia, la iniciativa ILEA, en estos términos, resulta inconveniente e inaceptable para nuestro país.

Pedimos al Órgano Legislativo, a través de sus Comisiones de seguridad pública y combate a la Narcoactividad y de Relaciones Exteriores, a revisar y controlar los actos del Órgano Ejecutivo en materia de seguridad publica para que estos estén dotados de transparencia y que respondan a los intereses de las mayorías salvadoreñas y no a una agenda foránea ajena a esas necesidades. En ese sentido, solicitamos que la Asamblea Legislativa convoque al Ministro de Relaciones Exteriores-Francisco Esteban Lainez- para que éste de cuenta del estado, términos y condiciones que se negocian sobre la instalación de la Academia Internacional de Aplicación de la Ley en El Salvador.

Asimismo solicitamos que el Órgano Ejecutivo a través del Presidente de la Republica Elías Antonio Saca someta a consulta ciudadana a la sociedad la iniciativa de instalación de la mencionada academia en El Salvador.